Las medidas dispuestas "mantendrán su vigencia mientras dure el aislamiento, pudiendo prorrogarse por la autoridad de aplicación", según lo aprobado en la cámara Baja bonaerense.
Un proyecto que permite que las empresas que antes de la pandemia pagaban un cargo fijo de luz o gas, y hayan tenido una reducción del 50% o más en su demanda eléctrica o gasífera, “puedan suspender el pago o realizar pagos parciales”, fue aprobado anoche en la Cámara de Diputados bonaerense.
La iniciativa del diputado Daniel Lipoveztsky, de Juntos por el Cambio, ahora deberá ser sancionada por el Senado.
Según contempla el texto, “los usuarios cuya actividad cualquiera fuese el rubro abarcado por la misma, incluyendo comercio, industria, servicios, establecimientos educativos, culturales y deportivos y otro, y que hayan sufrido una reducción del 50% o más en su demanda de potencia eléctrica o gasifera”, podrán “suspender el pago o realizar pagos parciales a cuenta de la potencia contratada de los contratos del suministro hasta que la recuperación de la demanda alcance el 70%”.
De acuerdo a la iniciativa, las medidas dispuestas “mantendrán su vigencia mientras dure el aislamiento, pudiendo prorrogarse por la autoridad de aplicación”.
Entre los fundamentos, el texto alude a las “distintas dificultades que deben afrontar las empresas que no pueden desarrollar su actividad o no pueden hacerlo en condiciones normales” debido a las medidas tomadas por la pandemia, entre las que menciona el pago de los servicios de energía o de gas, “específicamente aquellas que han acordado en su oportunidad con las distribuidoras el pago de un cargo fijo”.
“Este sistema de pago que en condiciones normales beneficia a las empresas se vuelve en su contra al no estar desarrollando actividades, como así también a las que aún pudiendo trabajar no lo están haciendo al 100% de su capacidad lo que motivó a que nivel nacional el Ente Regulador de la Electricidad establecerá un sistema de pago que contempla la situación antes descripta”, indica el proyecto.
Ante ello, propone que “de manera transitoria” las empresas en la provincia de Buenos Aires se aparten del sistema de pagos por cargo fijo y que “sólo se facture un abono mínimo y la energía efectivamente consumida”.